Una de las preocupaciones que rondan en torno a la protesta de efectivos de la Policía Bonaerense por mejoras salariales y de recursos que ya lleva varios días, a pesar de que el Gobierno de Axel Kicillof anunció aumentos para los próximos días- es el “efecto contagio” que el reclamo podría originar en las distintas policías provinciales del interior del país.
En las últimas horas se registraron, de hecho, algunas réplicas de protestas policiales en distintas provincias, así como también hubo un puñado de manifestaciones en los días previos al inicio del conflicto con la fuerza que comanda el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni,
Las reclamaciones laborales de los policías, con un salario de poco más de 200 euros al mes, se extendieron desde Buenos Aires hasta las puertas de la residencia presidencial.
Argentina es el país donde los policías, con frecuencia, deben pagar de su propio bolsillo las balas que utilizan. Y los chalecos antibalas y la gasolina del coche. Y mantener el motor siempre en marcha, porque el estado de ese coche es tan malo que quién sabe si, apagado, vuelve a arrancar. Son policías que en Buenos Aires, la provincia más grande, rica y violenta, cobran, muchos de ellos, poco más de 200 euros por mes y 30 céntimos la hora extra de trabajo.
Sin estos datos es imposible entender la inédita rebelión policial a la que se enfrentaron esta semana Alberto Fernández presidente, y Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y protegido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
No son suficientes, en cambio, para comprender por qué Fernández dinamitó la relación con su principal interlocutor en la oposición, Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires. Rodríguez Larreta supo, en el cierre de un miércoles de tensión volcánica, que el presidente le quitaría una importantísima porción de los impuestos federales para entregársela a Kicillof y así pagar un aumento de sueldos a los policías y mejorar sus condiciones.
«Terminamos un día más en esta Argentina difícil. No todo vale a la hora de reclamar. Les pido por favor, amigablemente, democráticamente, depongan su actitud«, dijo con gesto cansado Fernández en el inicio del inesperado anuncio.
El presidente, en efecto, venía de un día muy difícil, de los más complejos de sus diez meses en el poder. La rebelión de la policía bonaerense, que se había iniciado el lunes en Almirante Brown, una localidad deprimida de los suburbios de la capital del país, se extendió en tres días hasta escalar a alturas impensadas. Primero, en «Puente 12», el complejo policial a escasos kilómetros del aeropuerto de Ezeiza en el que está instalado Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Y luego, para el asombro y la preocupación de los argentinos, ante la Residencia Presidencial de Olivos, a las puertas de Buenos Aires. Unos centenares de policías, uniformados y armados, se plantaron ante la residencia de Fernández para gritar sus consignas mientras cortaban parcialmente la circulación de una importante avenida.
La ley no permite sindicatos policiales en Argentina, lo que a veces dificulta el diálogo. Mientras Fernández recibía por un lado críticas por avenirse a negociar bajo presión de una fuerza armada, otros marcaban paralelismos entre la rebelión policial y la militar de la Semana Santa de 1987 que con dificultad sofocó el entonces presidente Raúl Alfonsín.
«Eso es una manipulación histórica», dijo a EL MUNDO Jesús Rodríguez, una de las manos derechas de Alfonsín entonces y presidente de la Auditoría General de la Nación hoy. «Estamos ante la anemia del estado y la anomia de la sociedad», añadió.
Un joven policía sintetizaba desde San Nicolás, a 150 kilómetros del epicentro de la crisis, la situación de él y sus compañeros. «Reclamamos un sueldo digno, acceso a la vivienda, una obra social (seguro médico) digna. Hoy estamos por debajo de la línea de la pobreza, cobramos 34.000 pesos (240 euros). No llegamos a fin de mes«, dijo al canal de noticias TN Nicolás Luques. «Estamos bajo la lupa de la ciudadanía y luchando contra todos: contra la delincuencia y contra la gente a la que tenemos que defender. Muchos compañeros tienen que andar en móviles que realmente están destruidos. Nos denigran como personas».
Fuente: El Mundo.es—