El senador Sergio Godoy (ANR) anunció que este jueves presentará un proyecto de ley “Que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, limita el nombramiento y contratación de parientes, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”, para que la misma sea derivada a comisiones y, si cuenta con los votos de sus colegas, analizarla dentro de 8 o 15 días en el pleno de la Cámara de Senadores
El legislador argumentó que no puede aplicarse una reforma tributaria sin racionalizar el gasto público, por lo que esta iniciativa se enfocará en la racionalización del gasto. El objetivo, además, es paliar las necesidades insatisfechas de la población como educación y salud, según indicó el parlamentario.
“Eliminar toda asignación presupuestaria destinada a gastos del rubro compra de alimentos, bebidas, arreglos florales, tarjetas de invitación para recepciones, eventos o de felicitaciones. Así también que ningún funcionario público ni autoridad pública de rango superior perciba un salario, remuneración e ingreso alguno superior al estipulado para el Presidente de la República”. Se exceptúan capacitaciones profesionales del funcionariado, así como los actos oficiales por fiestas patrias, toma de posesión de mandos y recepción de autoridades extranjeras.
Asimismo, plantea que se eliminarán asignaciones presupuestarias para contratación de seguro médico y prestaciones de servicio de telefonía celular para funcionarios y autoridades de rango superior y cupos de combustible. La propuesta señala que esta ley se aplicará a todos los Organismos y Entidades del Estado (OEE).
Propone también eliminar toda asignación presupuestaria destinada para la publicidad estatal en medios masivos de comunicación, redes sociales y cualquier otra forma de expresión audiovisual, exceptuando a aquellos Organismos y Entidades del Estado que ante situaciones de emergencia nacional tales como epidemias, catástrofes naturales, entre otros, deban necesariamente hacer uso de dichos medios masivos de comunicación para poner en aviso a la población.
Para garantizar la vigilancia del Estado, el proyecto especifica que todos los procesos licitatorios y de contrataciones públicas realizadas con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) deberán ser realizados con la intervención obligatoria e indefectible de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Godoy adelantó que ya conversó con los senadores Blas Llano, Víctor Ríos y Paraguayo Cubas, quienes apoyan la iniciativa.