Anualmente, la Corte Suprema de Justicia destina al Ministerio de Justicia más de US$ 10 millones únicamente para nuevas cárceles y el mantenimiento de las existentes, por lo que al año se puede construir una nueva prisión con dicho fondo. Sin embargo, desde el ente estatal alegan que todo el dinero se usa para las reparaciones.
Alejandro Buzó, director de Planificación y Desarrollo Institucional del Ministerio de Justicia, indicó al medio 970 AM que el 21 % de las tasas judiciales de la Corte Suprema son integradas al presupuesto de Justicia para el uso penitenciario. La ley establece que de ese monto, el 70 % debe destinarse a la inversión física propiamente y solo el restante 30 % para alimentar a los reos, pagar a los guardia cárceles, entre otros gastos.
Para este año, el Ministerio de Justicia tiene presupuestado unos G. 330 mil millones, de los cuales G. 106 mil millones (17 millones de dólares) provienen de las tasas judiciales, aunque la transferencia suele depender de la disponibilidad del dinero y de cómo se ejecuta el presupuesto. No obstante, de enero a mayo de 2019, la Corte Suprema ya derivó al Ministerio de Justicia la suma de G. 25.815 millones, unos 4 millones 200 mil dólares, para su uso en el sistema penitenciario.
Según Buzó, este porcentaje no alcanza ni el 50 % para cubrir a los 13.000 procesados que están a cargo del ministerio, porque el costo anual de la sobrepoblación asciende a 250 mil millones de guaraníes.
Al ser consultado en qué se invirtió el dinero que desembolsó la Corte, el funcionario alegó que durante esta administración (10 meses) se dieron mejoras de algunos pabellones y reparaciones de los penales. “Uno no puede pensar construir una penitenciaría con esos fondos porque ronda los 10 millones de dólares el costo de una nueva”, añadió. Aunque luego reconoció que las obras suelen durar tres años, por lo que fácilmente se puede juntar el dinero en ese lapso para costear los trabajos de infraestructura.
En otro momento, reconoció la falta de transparencia en cuanto al manejo de estos fondos porque no se dan a conocer cómo se gastan. “No publicamos como una noticia. Si se pide, vamos a brindar los datos porque es una información pública”, dijo.
Recientemente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó la construcción de tres cárceles por US$ 31 millones, dando como promedio 10 millones cada una. Dos se construirán en Emboscada y una en Minga Guazú, y entre todas tendrán la capacidad para albergar a 3.960 reclusos.
Al margen, en el Poder Legislativo se evalúa un proyecto de ley que establece declarar Emergencia Penitenciaria para abrir la canilla y habilitar al Ministerio de Hacienda a usar un cheque en blanco, porque se podrán hacer ampliaciones y reprogramaciones presupuestarias solo mediante un decreto de la Presidencia y no una ley del Congreso Nacional.