Durante su administración como jefa de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Marta González Ayala, se autoasignó “premios” por las multas que cobraba la institución.
González comenzó a percibir los premios por multas en 2015, su tercer año al frente de la SET. Entre 2015 y 2017, recibió en total Gs. 700.601.759 en concepto de redistribución de las multas cobradas por la SET a infractores.
La entonces viceministra se valió de una interpretación de la Ley N° 2421 para auto-adjudicarse las recompensas. El artículo 239 de la señalada ley que modifica la Ley N° 125/91, establece que: “El funcionario actuante será considerado “denunciante” de cualquier infracción a la Ley N° 125/91, del 9 de enero de 1992 y tendrá derecho hasta el 50% de las multas que se aplicaren y cobraren al trasgresor”.
La señalada legislación establece que los denunciantes actuaban en nombre y representación de todos los funcionarios de la administración tributaria. Precisamente por eso, quien ocupara el cargo de viceministro no puede cobrar las multas.
La Ley N° 1626 de la Función Pública, establece claramente en su artículo 2 que los ministros y viceministros del Poder Ejecutivo no son considerados funcionarios públicos. Además, González Ayala no podía siquiera argumentar ser funcionaria de carrera pues ella fue nombrada por decreto y llegó del sector privado.
Así también, el titular de Tributación no podría ser considerado denunciante puesto que a ese cargo le corresponde establecer los montos de las multas a cobrar, además de la resolución de las reconsideraciones por la vía administrativa en caso de que algún contribuyente sancionado pida una revisión de las medidas. González Ayala era a la vez juez y parte a la hora de establecer y cobrar las multas.