MADRID. El Parlamento de España se disolvió oficialmente el martes 24 de septiembre, fue publicado el decreto de disolución de las dos cámaras legislativas españolas y una nueva convocatoria electoral.
Tras el fracaso de los partidos para acordar un gobierno, se preparan para unas nuevas elecciones el 10 de noviembre, informó el Congreso.
Debido a la incapacidad de los partidos políticos para investir a un nuevo presidente, el rey Felipe VI tomó esta decisión amparada en la Constitución española, la cual establece que, si pasados dos meses de la primera votación de investidura -que se produjo el 23 de julio- ningún candidato obtiene la confianza de la cámara para gobernar, el rey disuelve el Parlamento y convoca nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso, es decir, lo que ocurrió el pasado mes.
El jefe de gobierno en funciones y único candidato con posibilidades, el socialdemócrata Pedro Sánchez (PSOE), había reconocido que no podría conseguir los apoyos necesarios para iniciar un nuevo mandato.
En el poder desde junio de 2018, Sánchez no pudo cerrar un acuerdo de coalición con la izquierda radical de Podemos, que reclamaba más protagonismo en el ejecutivo, ni convencer a sus rivales a la derecha (el conservador Partido Popular y el liberal Ciudadanos) de facilitarle un gobierno en minoría con una abstención.
Los sondeos auguran una victoria más holgada del PSOE en las elecciones de noviembre, pero todavía lejos de la mayoría absoluta en un parlamento muy fragmentado.
En tal sentido, no hay seguridad de que los resultados de las nuevas elecciones resuelvan la inestabilidad política que se prolonga ya desde finales de 2015, con débiles gobiernos de centroderecha y centroizquierda.