La petrolera del Estado, Petropar, presidida desde 2018 por Patricia Samudio, pretende una reprogramación presupuestaria de Gs. 28.000 millones para pagar bonificaciones y horas extra (según la versión oficial, se registraron muchas horas extra en la planta alcoholera ubicada en Mauricio José Troche). La versión extraoficial que se maneja dentro de Petropar es que esta reprogramación se pide para pagar a funcionarios que ingresaron en cargos “de confianza”
De acuerdo con los datos obtenidos, Petropar solicitó a Hacienda un dictamen sobre la reprogramación, pero como aparentemente el mismo sería en contra de sus pretensiones, recurrió a los diputados colorados Arnaldo Samaniego y Carlos Núñez Salinas para presentar el pedido, vía proyecto de ley.
Dicho monto provendrá del rubro impuestos (en el que tiene créditos presupuestarios), dijo la estatal en un comunicado divulgado ayer. Defendió su pedido diciendo que “no recibe fondos del Ministerio de Hacienda”, sino de recursos “propios y originados por Petropar” y, además, que no es para aumentar el rubro 111 (sueldos).
Habitualmente las empresas públicas plantean que porque tienen fuente 30 de financiamiento (generados por las propias instituciones públicas y administradas por la propia entidad receptora.) pueden disponer del dinero público (proveniente del aporte de los consumidores y usuarios). Pero estos recursos son del Estado y según las disposiciones legales que regulan su percepción y administración, es el Gobierno el que establece cómo utilizarlos con el objetivo de mantener el equilibrio presupuestario.
El cuestionado proyecto aprobado en sesión del miércoles último de la Cámara Baja pasó al Senado para su análisis. El abogado y ex diputado, Luis Villamayor, cuestionó este viernes el aumento presupuestario. “Lamentablemente es la crónica de una muerte anunciada. Desde un principio hubo derroches impresionantes en Petropar, no hay presupuesto que aguante”, manifestó Villamayor.
Sostuvo que la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, tuvo que “aliarse” con los dirigentes sindicales de la institución para tener respaldo a su gestión, pero a cambio de darle todos los gustos y beneficios a los sindicalistas, a quienes acusó de tener altos salarios.
Indicó que el monto solicitado por Petropar es una “barbaridad”, atendiendo la situación económica que atraviesa el país. Señaló que los precios del petróleo están fluctuando a nivel internacional y hay riesgo de un incremento, hecho que agravaría más la crisis.
“Es una barbaridad, los precios del petróleo están fluctuando. Hay que ajustar los cinturones y no pedir plata al Congreso para que termine pagando el paraguayo”, agregó el profesional del derecho y ex legislador.
La presidenta de Petropar es otra de las cuestionadas del Gabinete del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por su flojo desempeño y presuntas irregularidades en su gestión, denunciadas por varios sectores.
En su momento, Patricia Samudio, fue denunciada, supuestamente autorizó la transferencia de US$ 20 millones de fondos del ente que estaban en bancos privados, fruto del pago de proveedores a la institución, al banco GNB. La ley de presupuesto le obligaba a retirar esos fondos y depositarlos al Banco Nacional de Fomento (BNF).
Ásí también, es criticada por contratar sin concurso de méritos a más de 40 nuevos funcionarios y una veintena de asesores, con salarios millonarios. Algunos están vinculados a dirigentes sindicales, funcionarios de la propia estatal, dirigentes políticos y parientes de estos.