Después de casi 90 años de persecución a los usuarios y cultivadores, y a más de 30 años de sancionada la actual ley de drogas, el Gobierno argentino activó los primeros mecanismos para cambiar la legislación y dar un paso paradigmático: el de la regulación y el fin de la criminalización.
Consideran que la legislación actual genera gastos innecesarios al perseguir al consumidor y ejecutar detenciones injustas. La planta de cannabis podría abandonar su estatus de “sustancia prohibida” en Argentina este 2020.
Desde varias áreas del Ejecutivo, principalmente Seguridad, estudian los modelos de países y Estados que ya regularon el uso de marihuana o tienen discusiones en curso.
“La solución no es andar persiguiendo a los que se fuman un porro”, remarcó Alberto Fernández en junio del año pasado, cuando aún como candidato le preguntaron por la cuestión del cannabis en un programa de radio.
En ese entonces, el ahora Presidente, aseguró que daba por comprobado que “persiguiendo como perseguimos sólo generamos un mercado negro que es perfecto para los grandes delincuentes del narcotráfico y le arruina la vida al pequeño consumidor, que ha decidido intoxicarse, como el fumador de tabaco, que lo hace cotidianamente”.
Comparación con otros paises
El ministerio que más se mueve en este sentido es Seguridad. La ministra Sabina Frederic, junto a su equipo, comenzó a estudiar los modelos de regulación de otras partes del mundo, con especial atención en Canadá, Uruguay, los 11 estados de EE.UU que legalizaron todos los usos, como Colorado, California e Illinois, entre otros, y también proyectos de ley que todavía no están aprobados, tal es el caso de Chile, cuya regulación tiene media sanción en Diputados.
Todos los proyectos establecen la libertad de los usuarios de tener cannabis para fumar y también de cultivar sus propias plantas, excepto Illinois donde por un pedido de la Policía sólo se permite el cultivo a usuarios medicinales.
En los casos de los países de América del Norte, la regulación incluye el mercado. Es decir, que además de tener y cultivar, los usuarios pueden comprar (y también vender, bajo estrictas condiciones de licencia) en el mercado legal, en locales conocidos como dispensarios, donde cada cliente elige entre un “menú” la cepa que prefiere, la cantidad o la forma (en aceite, extracciones, en cigarrillos armados o simplemente los cogollos de la flor).
En el caso de Uruguay el mercado también está regulado pero bajo el monopolio del Estado, que se encarga de aprobar la actividad de las empresas interesadas y, especialmente, de vender y distribuir el cannabis para su consumo adulto a través de 16 farmacias autorizadas.
Reducción de aprehendidos
La idea del Gobierno nacional, por lo pronto, apuntaría en una primera etapa a destrabar el conflicto que generan las detenciones de consumidores y cultivadores bajo la bandera de “la guerra contra el narcotráfico”.
Si bien al menos por ahora no existen cifras oficiales, de acuerdo con datos salidos de oficinas judiciales más de la mitad de los detenidos por infracción a la ley de drogas son consumidores.
Fuentes del gobierno ya estiman que en un 80% de los apresados con marihuana tenían menos de 5 gramos en su poder al momento de ser aprehendidos por alguna fuerza policial.
Por eso, la idea de Fernández y de Frederic es diseñar un proyecto de ley que establezca una cantidad máxima de posesión de marihuana para consumo personal en adultos mayores a 18 o 21 años y lo mismo con las plantas, aspecto en el que todavía se debaten si apuntar a metros cuadrados cultivados o a cantidad de plantas.
En Canadá, por ejemplo, cada usuario puede tener hasta 30 gramos en su poder y cuatro plantas. En Uruguay, donde deben estar anotados en un registro supuestamente anónimo, pueden cultivar hasta seis plantas hembras (que son las que florecen y que producen la molécula psicoactiva THC). En el estado norteamericano de Colorado cada persona mayor de 21 años puede tener hasta 6 especímenes (tres florecidas).
Frederic ya comenzó a abrir el juego. Días atrás se reunió con referentes del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, que nuclea más de 30 organizaciones, entre cannábicas, de Derechos Humanos, Sociales, médicas y contra la violencia institucional de todo el territorio nacional, que ya trabajan desde el año pasado en un proyecto de nueva legislación.
Si bien consideran que no hay apuro, en el Gobierno no quieren que las cárceles se sigan llenando de consumidores. Esperan que en un par de meses ya tengan un modelo de legislación consensuado y que empiece a discutirse en el Congreso.
No sólo son Alberto Fernández y Sabina Frederic quienes respaldan esta idea. Tanto los ministros de Salud y Seguridad de la Provincia, Daniel Gollán y Sergio Berni, se manifestaron abiertamente a favor de un cambio de paradigma. Y lo mismo opinan más de un diputado y diputada del Frente de Todos.