Argentina.- Una mujer quiso usar un billete falso de 500 pesos, pero ningún comerciante llegó a ser engañado. También llevaba otro billete falso de 200 pesos entre su ropa. Fue demorada y procesada por tentativa de estafa.
Cuando el caso se encaminaba a juicio oral, un fiscal acaba de pedir su sobreseimiento: dijo que el trámite de la investigación demandó mucho más gastos que esos 700 pesos falsificados, incluso en relación a lo que cobra por hora un funcionario judicial.
Y afirmó que es el Estado el que debe darle a la acusada un plan de contención por su estado de “vulnerabilidad” y su adicción a las drogas.
La mujer, identificada como M.G.M, ya había tenido causas penales, “con episodios no violentos” y la mayoría relacionado con su adicción a las drogas. Actualmente se encontraba en arresto domiciliario por una de esas investigaciones. Para el fiscal, el Estado sólo estuvo presente en la vida de esta mujer para perseguirla penalmente y no en la fase de prevención.
De esta manera, además del sobreseimiento, Picardi solicitó dar intervención a la Subsecretaria de Trabajo y al área de Desarrollo Social del Municipio de Florencio Varela –donde reside la mujer– para que “pueda recibir asistencia a los fines de que se tutelen sus derechos, hoy vulnerados” y que “por intermedio de los servicios sociales correspondientes se le realice, en caso de requerirlo, una derivación responsable hacia programas de abordaje de consumo problemático de narcóticos”.
Vale la aclaración: el fiscal señaló que ese criterio “no implica adoptar una posición genérica en relación a la no punibilidad de personas involucradas en conductas como la aquí bajo trato” sino que “responde a un análisis individualizado de los escenarios fácticos presentes en el caso y de la interpretación de los mismos a la luz de una perspectiva constitucional y de Derechos Humanos, así como de una derivación razonada del ordenamiento vigente”.